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El juez Llarena investiga el intento de independencia de Cataluña - Foto: Flickr

La organización Amnistía Internacional (AI) reiteró este martes sus llamados a la excarcelación de los líderes sociales catalanes Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que se encuentran en prisión provisional desde el 16 de octubre de 2017.

En un comunicado emitido este martes, AI recuerda que el juicio oral contra los líderes catalanes en el Tribunal Supremo ya quedó visto para sentencia, por lo que argumenta que "es el momento de revisar su situación de prisión provisional y proceder a excarcelarlos".

Con ese fin, la organización remitió una carta a la Fiscalía del Tribunal Supremo, en la que insta al Ministerio Público a revisar la situación.

Jordi Sànchez está actualmente suspendido de sus funciones como diputado en España, pero en 2017 era el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), una de las principales organizaciones civiles del independentismo catalán.

Por su parte, Jordi Cuixart es el presidente de Ómnium Cultural.

Estas dos organizaciones fueron durante años las principales convocantes de movilizaciones en favor de la independencia de Cataluña.

Según la Fiscalía, ambos formaron parte de un plan orquestado junto al Gobierno catalán para forzar la independencia de Cataluña con métodos violentos en manifestaciones tumultuarias, por lo que el Ministerio Público pidió para ellos una condena de 17 años de prisión por un delito de rebelión.

Del mismo modo, en el juicio que recientemente terminó en el Tribunal Supremo, la Abogacía del Estado pidió para ellos una condena de 8 años de cárcel por un delito de sedición.

Amnistía Internacional alertó este martes de que, independientemente de que sean o no condenados en el futuro, la prolongada situación de prisión provisional necesita "de un examen riguroso" que determine "si sigue siendo necesaria y proporcionada.

Además, la organización pone en duda que su actuación pueda ser constitutiva de los delitos por los cuales están acusados, a los que califica de "excesivos y desproporcionados".

Uno de los puntos clave de la acusación contra los dos líderes sociales se encuentra en la manifestación del 20 de septiembre de 2017 frente a la sede de Economía del Gobierno catalán en Barcelona, donde se reunieron 40.000 personas con el objetivo de protestar contra un operativo policial que se desarrollaba en su interior para intentar detener los preparativos del referéndum unilateral.

En concreto, Amnistía apunta que, aunque pudiera demostrarse que convocaron manifestaciones con el fin de "impedir una operación policial lícita", la respuesta de las autoridades "no puede ser una restricción excesiva" de los derechos de expresión y reunión.

"Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, como ciudadanos particulares y presidentes de organizaciones de la sociedad civil en el momento de los hechos que se han juzgado, tenían derecho a organizar y promover reuniones pacíficas en apoyo al referéndum y a la independencia de Cataluña", reflexiona Amnistía.

Aunque AI centra su petición en la puesta en libertad de Cuixart y Sànchez, la organización también aprovechó la ocasión para pedir que se revise la situación de prisión provisional de los otros siete políticos catalanes encarcelados, independientemente de que posteriormente puedan ser hallados culpables.

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