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Lenín Moreno, presidente de Ecuador

El Gobierno de Ecuador discrimina a los migrantes venezolanos cuando impone requisitos a su ingreso y los sumerge en la pobreza al no ayudarlos con políticas integrales, dijo este martes a Sputnik la presidenta de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Mónica Vera.

"Ecuador no sólo discrimina a los migrantes venezolanos, sino que la falta de políticas integrales por parte del Gobierno está conllevando que las personas estén en una situación de extrema pobreza; eso es lo que notamos en la calle, cuando vemos que los venezolanos ya están en una situación de mendicidad", afirmó.

Entre 2014 y 2018 ingresaron a Ecuador más de 1,2 millones de venezolanos, de los cuales entre 230.000 y 250.000 permanecen en el país, según datos de la cancillería, que ha otorgado unas 97.000 visas a personas de esa nacionalidad.

Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones de este año señala que el 80 por ciento de los venezolanos entrevistados en Ecuador no cuenta con una situación migratoria regular y que el 87,8 por ciento tiene un trabajo informal.

"Se evidenció que, del total de la población encuestada, más de la mitad tiene dificultad para prever el abastecimiento de alimentos para más de 2 días", se señaló en el estudio.

REQUISITOS DE INGRESO

El lunes, la Corte Constitucional ecuatoriana comenzó a analizar una demanda de inconstitucionalidad de los nuevos requisitos de ingreso para los venezolanos impuestos por el Gobierno, entre ellos el pasaporte y sus antecedentes penales.

La demanda fue presentada por Inredh y por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, que tachan de discriminatorias a esas disposiciones.

Por su parte, el presidente Lenín Moreno dijo el 24 de mayo que estos requisitos buscan garantizar una "migración ordenada y segura".

En la misma sintonía, el canciller José Valencia dijo que la situación podría "complicarse", ya que Ecuador podría recibir muchos más migrantes en los próximos años cuando Perú exija visa a los ciudadanos venezolanos, como lo han hecho otros países de la región, informó el diario local El Comercio.

Durante la audiencia, la jueza Daniela Salazar concedió un plazo de cinco días para que cada una de las partes presente sus argumentos antes de que el tribunal tome una decisión con respecto a este tema.

Por su parte, Vera señaló a esta agencia que el Gobierno viene impulsando estos requisitos de ingreso desde agosto del año pasado, lo que a su entender es "inconstitucional" ya que la Ley Orgánica de Movilidad Humana ecuatoriana establece que todas los sudamericanos sólo necesitan un documento de identidad para poder ingresar al país.

A pesar de esa normativa, Ecuador impulsó en 2018 la obligación de que las personas venezolanas para ingresar como turistas presenten el pasaporte y los antecedentes penales apostillados, dijo Vera.

En la actualidad, lo que está promoviendo el Gobierno es otorgar una visa humanitaria, lo que conlleva a que las personas que desean ingresar tengan que hacerlo desde su territorio y significa una forma de "restringir el derecho a la movilidad" que está consagrado en la Constitución ecuatoriana y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, consideró la activista.

"Los datos oficiales no reflejan la realidad; existen muchas personas que están ingresando por pasos no autorizados y ya hubo varios casos en la frontera de Rumichaca (norte) donde se hicieron deportaciones masivas", agregó.

La activista explicó que la visa humanitaria implica altos costos, y subrayó que muchos migrantes venezolanos son víctimas de "explotación laboral, trata de personas y explotación sexual".

"El obligarte a tener una visa que cuesta 250 dólares, además del pasaporte o los antecedentes penales apostillados, que son casi imposibles de obtener, genera un tema de extrema pobreza por parte de las personas que han decidido salir del territorio venezolano", agregó.

Vera denunció que todos los países latinoamericanos deberían impulsar "políticas verdaderas", con un enfoque de derechos humanos, por la situación de los migrantes venezolanos en vez de "simplemente reunirse una vez cada tanto".

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró en febrero pasado que tenía una lista "de 50.000 venezolanos desesperados" y ansiosos de regresar a Venezuela pues "no aguantan las condiciones en que están en Chile, en Perú, en Colombia, en Ecuador".

En el marco del Plan Vuelta a la Patria, implementado en agosto de 2018 por el Gobierno venezolano, unos 13.810 emigrados fueron repatriados hasta el 13 de abril pasado, la mayoría de ellos procedentes de Brasil, Perú y Ecuador.

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