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Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

México y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), firmaron este martes un acuerdo para la formación en derechos humanos de la nueva Guardia Nacional, recientemente creada en el país norteamericano por su presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Se firma el acuerdo marco entre los Estados Unidos Mexicanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para brindar asesoría y asistencia técnica para la formación en materia de derechos humanos y operación de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos, a la Guardia Nacional”, informó el Gobierno mexicano.

El acuerdo fue rubricado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

La expresidenta chilena (2006-2010 y 2014-2018) dijo que el trabajo que se realice con la Guardia Nacional debe ser complementado con el resto de las corporaciones policiales.

“La debilidad estructural de todos los cuerpos policiales del país puede revertirse por medio de la profesionalización de las policías y la dignificación de su labor”, dijo Bachelet en rueda de prensa tras la firma del acuerdo.

La alta comisionada dijo que es fundamental mejorar el proceso de selección y capacitación de los integrantes de la Guardia Nacional, así como una evaluación de sus tareas, y destacó el rol de las autoridades en pos de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

“La responsabilidad de todas las autoridades en la garantía de la seguridad, con pleno respeto de los derechos humanos es una obligación de cualquier país; pero en un país federal como México, donde estados y municipios tienen competencias muy amplias (…) ninguna política de seguridad podría funcionar sin la efectiva participación y compromiso de dichas autoridades”, dijo Bachelet.

La Guardia Nacional fue creada a instancias del presidente mexicano, y aprobada tras un prolongado proceso por las dos cámaras del Congreso y todos los poderes legislativos de los 32 estados de la federación mexicana y la capital.

El 26 de marzo López Obrador oficializó la nueva institución, que actuará bajo la órbita de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, órgano civil del Estado mexicano, luego de que la oposición y organizaciones de derechos humanos se manifestaran contrarias a que la fuerza tuviera un mando militar.

En un plazo de 60 días naturales tras la creación de la guardia el Congreso deberá aprobar la ley que regula su funcionamiento.

La nueva corporación requerirá unos 1.000 millones de dólares para reclutar a 21.000 miembros y construir 87 cuarteles durante este año.

Ese monto contempla además la integración de unos 35.000 policías militares y 8.000 navales, que por ahora están bajo las órdenes de la Defensa y la Marina.

Asimismo se integrarán a la nueva fuerza 17.000 agentes de la Policía Federal, que este año operan con su propio presupuesto patrullas y equipos.

En 2020, los requerimientos en el gasto público para la nueva entidad serán muy superiores, acumulando los gastos que ahora cubren las carteras de Defensa, Marina y la Policía Federal.

Casi 12 años de una guerra frontal contra el crimen organizado han dejado más de 200.000 muertos, más de 40.000 personas desaparecidas, unos 26.000 cadáveres sin reconocer y 1.100 fosas clandestinas localizadas.

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