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Manifestación de grupos ecologistas (archivo)

La situación de los ambientalistas en Perú, el cuarto país más peligroso para los defensores del ambiente, no ha mejorado pese a su inclusión como grupo vulnerable en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2020, dijo a Sputnik la coordinadora de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Luisa Ríos.

“Desde el año pasado, Perú ha incluido en el Plan Nacional de Derechos Humanos a los defensores ambientales como un grupo de especial vulnerabilidad, pero esto no ha conseguido solucionar mucho el problema pues, según el último reporte de Global Witness, estamos en octavo lugar a nivel mundial en la lista de países de mayor peligro”, dijo Ríos.

En Perú fueron asesinados en 2016 dos activistas ambientales, pero al año siguiente las víctimas llegaron a ocho, según el último informe de la organización no gubernamental Global Witness.

Esta situación no ha variado en su causalidad, pues los motivos que generan la violencia siguen siendo los mismos, según Ríos, ingeniera a cargo de la Oficina Descentralizada de la SPDA en la región amazónica de Madre de Dios (sur).

Aunque el Plan Nacional de Derechos Humanos, elaborado por el Ministerio de Justicia, listó a los grupos humanos vulnerables y estableció las políticas de Gobierno a implementarse para garantizar su protección, “falta una planificación del territorio” nacional de parte del Estado, explicó Ríos.

“Casi en el 100 por ciento, los conflictos ambientales están relacionados a acceso a recursos naturales, principalmente actividades de gran envergadura como represas, hidroeléctricas o actividades ilícitas como la minería ilegal (…) Lo que ocurre es que hay una desconsideración (del Estado) de los espacios donde se aprueban estos megaproyectos”, afirmó.

Un ejemplo es la Reserva Comunal de Amarakaerí en Madre de Dios, creada por el Estado en 2002.

En 2005 el mismo Estado adjudicó a la empresa estadounidense Hunt Oil un lote para explotar petróleo dentro de la reserva.

“El inicio de los conflictos en cuestiones ambientales se debe, en buena medida, porque se empiezan proyectos nuevos de explotación en lugares donde existía previamente otro tipo de derecho”, explicó Ríos.

Los conflictos ambientales que pueden existir entre empresas y pobladores originarios de una zona pueden ser difíciles de manejar, pero donde alcanzan niveles delictivos es en actividades como la minería ilegal.

“Lo que viene ocurriendo en Madre de Dios, por ejemplo, es que los mineros ilegales se acercan al agricultor y proponen pagarle regalías por trabajar en sus tierras; el agricultor rechaza porque el dinero que va a recibir es nada y sus tierras van a quedar inútiles al final, y lo que ocurre luego es que el minero igual entra y empieza a trabajar”, relató la ingeniera.

Allí es donde la vulnerabilidad del agricultor, que es un defensor ambiental, se vuelve grave, pues éste denuncia la invasión a las autoridades y los mineros empiezan a amedrentarlo ante el temor de ser capturados o encarcelados, según Ríos.

Sin embargo, las denuncias sobre atentados contra el ambiente, aseguró Ríos, también pueden jugar en contra de los defensores, en la medida en que pueden ser usadas por miembros de la Policía o por la Fiscalía para “identificar” a quienes estén “dando problemas” a los infractores.

La experta Ríos apuntó que las zonas donde se concentran los conflictos son generalmente remotas, como los Andes y la Amazonía, y por tanto el control del Estado se hace más difícil, lo que favorece la alianza entre malos funcionarios públicos y actores que amedrentan a los activistas ambientales.

El martes, la Fiscalía peruana abrió una investigación sobre la muerte del prestigioso ambientalista y religioso británico Paul McAuley, cuyo cuerpo apareció carbonizado en un albergue para jóvenes que dirigía en la amazónica región de Loreto (norte).

Se ignora todavía si se trata de un asesinato o no.

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