Prospera una recogida de firmas para pedir la ilegalización de Vox en España

La irrupción del partido de ultraderecha Vox en la política española tras lograr entrar con fuerza en el Parlamento de Andalucía, la región más poblada del país, ha provocado una cascada de reacciones en todos los ámbitos de la sociedad. El nuevo partido liderado por Santiago Abascal apela al patriotismo más básico, a las banderas, y al odio al diferente y “sorprendentemente” eso funciona.

El programa político que propone Vox hace del inmigrante el mayor enemigo del Estado, carga contra el colectivo LGTB a los que convierte en ciudadanos de segunda y deja a las mujeres desprotegidas ante la violencia de género. Estas propuestas están provocando la reacción de muchos sectores de la sociedad, empezando por el líder de Podemos Pablo Iglesias que lanzó una “Alerta antifascista” nada más conocer los resultados en las elecciones andaluzas del pasado diciembre de 2018.

Multitud de ciudadanos andaluces salieron a las calles anunciando una firme oposición a la extrema derecha y en las redes sociales también se han comenzado comenzando una particular campaña contra Vox que ha cosechado un enorme éxito. En la plataforma Change se organizó una recogida de firmas con un objetivo de 75 mil para pedir al gobierno ilegalizar al partido de Abascal por el contenido “anticonstitucional de su programa”.

“Pido el apoyo a esta petición al Gobierno para que ilegalice a Vox porque, según consta en su programa, defiende ideas antidemocráticas, anticonstitucionales y contrarias a la normativa legal vigente”, reza la petición, que ya suma más de 70.000 firmas apoyando la ilegalización de Vox.

Para que esta petición no caiga en saco roto, se apoya directamente en la ley y es que, según establece la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos, “un partido será declarado ilegal cuando su actividad vulnere principios democráticos”.

En el artículo 10 del Capítulo III de la mencionada ley entiende la ilegalización de un partido “cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático”.

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